Comisión Nacional de los Derechos Humanos se queja por inacción estatal ante apropiación irregular de terrenos y exige respuesta urgente de las autoridades
Santo Domingo. – A más de cinco meses de haberse solicitado formalmente la destitución del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y más de cuatro meses desde su sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), persiste un preocupante silencio institucional frente a la denuncia de apropiación irregular de terrenos, realizada por representantes de los Derechos Humanos.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que la situación coloca en estado de indefensión jurídica al legítimo adquirente y amenaza con la pérdida irreversible de su inversión.
Explicó que el caso se remonta al Poder Especial núm. 36-25, emitido el 10 de marzo de 2025 por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, mediante el cual se ordenó al director del CEA, Rafael Burgos Gómez, suscribir los contratos de venta, cesión y transferencia de proporciones de terrenos previamente avalados por los organismos técnicos y administrativos correspondientes.
No obstante, Mercedes reveló que dicha disposición presidencial continúa sin ejecutarse, configurando un escenario de desacato administrativo y posible vulneración al principio de legalidad que rige la función pública.
Recordó que el 1 de septiembre de 2025 solicitó la destitución del director del CEA por la presunta comisión de irregularidades graves en la administración y adjudicación de terrenos estatales y que posteriormente, el 4 de septiembre del mismo año, fue formalmente sometido ante la PEPCA sin que, hasta la fecha, se haya producido una respuesta procesal visible ni medidas cautelares que garanticen la protección del patrimonio público y los derechos adquiridos de buena fe.
De su lado, el abogado Moisés Sánchez Severino, representante legal del afectado, Juan Rivera Cordero, presentó la documentación que avala la denuncia de su defendido en rueda de prensa realizada la mañana de este jueves en la misma sede del CEA.
Esto incluyó la compra del terreno, de más de 21 mil metros cuadrados dentro de la Parcela 21-C-2 (Parte), Distrito Catastral 32, que cuenta con respaldo técnico, administrativo y legal suficiente, incluyendo autorización de pago, carta de posesión, plano georreferenciado, tasación oficial, aprobación del Consejo de Directores del CEA y demás soportes que acreditan la legitimidad de la operación realizada en 2013.
Sin embargo, Mercedes denuncia que decisiones administrativas posteriores habrían favorecido de manera irregular a un tercero, vinculado al sector de los combustibles, mediante mecanismos contractuales cuestionados y previamente rechazados por disposiciones legales y decretos vigentes, lo que podría constituir abuso de poder, fraude contra el Estado y violación al régimen de bienes públicos.
“La permanencia de esta situación sin respuesta judicial ni administrativa efectiva genera un grave precedente institucional, debilita la seguridad jurídica de las inversiones legítimas y compromete la credibilidad de los mecanismos de control contra la corrupción. Más aún, abre la posibilidad de que el ocupante irregular consolide una apropiación material del terreno antes de que el Estado actúe en defensa del derecho vulnerado”, advirtió el presidente de la comisión.
Ante este panorama, los abogados hicieron un llamado urgente al Ministerio Público, a la PEPCA y a las autoridades del Poder Ejecutivo para que adopten, con carácter inmediato, las medidas legales correspondientes que garanticen:
La ejecución de la orden presidencial emitida.
La protección del derecho de propiedad adquirido de buena fe.
La investigación exhaustiva de las denuncias de corrupción administrativa.
La preservación del patrimonio del Estado dominicano.
“La tutela judicial efectiva y el respeto al Estado de derecho exigen una respuesta pronta. Cada día de silencio institucional acerca al país a la consolidación de un despojo que, de materializarse, constituiría una grave afrenta a la legalidad, la transparencia pública y la confianza ciudadana en las instituciones”, concluyó Mercedes.
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